EL COSTO DE LOS AÑOS OLVIDADOS

📰 EL COSTO DE LOS AÑOS OLVIDADOS

Subrayado y con Negritas.

Por Gerardo Castro Ruiz.

Durante muchos años, los servicios básicos fueron los grandes ausentes en las prioridades de los gobiernos municipales. Agua, drenaje, pavimentación y recolección de basura fueron quedando atrás mientras la atención pública se desviaba hacia obras de relumbrón o compromisos de coyuntura. Hoy, los resultados de ese abandono se notan en cada esquina, las calles convertidas en trampas, fugas que brotan como manantiales y drenajes que colapsan bajo el peso del tiempo.

La infraestructura subterránea de muchas ciudades del sur de Sonora tiene entre 40 y 50 años de antigüedad. Las tuberías de asbesto-cemento que alguna vez representaron progreso hoy están fracturadas, saturadas o simplemente inservibles. En Navojoa, por ejemplo, se estima que más del 70 por ciento del sistema sanitario ha cumplido su ciclo de vida. Y cuando una red colapsa, no hay milagro administrativo que la resucite con discursos ni parches improvisados, lo que se necesita es dinero, dinero que no se tiene.

El problema es estructural, financiero y político. Reponer kilómetros de drenaje o renovar una planta tratadora cuesta millones que los ayuntamientos no tienen. Y aunque los gobiernos actuales demuestren voluntad y compromiso, se topan con la dura realidad de presupuestos limitados, rezagos históricos y una ciudadanía harta de promesas incumplidas.

Los ciudadanos tienen razón al no aceptar el argumento de que “los anteriores no hicieron nada”. Ellos cumplieron pagando impuestos, y ese dinero debió haberse invertido en el desarrollo de sus municipios. Sin embargo, también es cierto que los gobiernos actuales enfrentan un legado devastador con la maldita herencia de administraciones pasadas que desviaron recursos, omitieron rendir cuentas y pulverizaron las partidas federales y estatales destinadas a obra pública. Aquellos tiempos en que llegaban apoyos extraordinarios desde la Federación y con lo que se podría haber hecho mucho, quedaron atrás; hoy los municipios están prácticamente solos, con presupuestos reducidos y cargas heredadas que sobrepasan cualquier margen de maniobra.

Antes, los recursos públicos se desviaban con facilidad o se invertían en lo que convenía políticamente. Hoy, las reglas del gasto son más estrictas porque los recursos etiquetados deben aplicarse exclusivamente en el fin autorizado. Sin embargo, esa legalidad también genera choques de percepción. Cuando un gobierno organiza un festival cultural o invierte en arte, parte de la población lo ve como un derroche, pensando que ese dinero debería destinarse a tapar baches o reparar drenajes. Pero esos fondos tienen un destino fijo, diseñado para atender demandas que también nacieron de la sociedad. Fueron los mismos ciudadanos, a través de sus representantes ejecutivos y legislativos, quienes impulsaron presupuestos para cultura, turismo o deporte.

Hoy, usar ese dinero en algo distinto -como lo exigen algunas voces- sería ilegal y sancionable, incluso con cárcel. Los tiempos cambiaron, ya no se puede mover el dinero de una partida a otra como antes, cuando el desvío se disfrazaba de “prioridad social”. Lo que falta, entonces, no es voluntad ni honestidad, sino comprensión y concientización colectiva sobre cómo funciona el gasto público en un sistema que ahora exige transparencia absoluta.

Además, al contar con apoyos federales cada vez más limitados, los gobiernos municipales tienen que rascarse con sus propias uñas. Eso significa buscar la manera de fortalecer sus ingresos propios, y la única vía posible es a través de los impuestos locales y el cobro por servicios o tenencia de propiedades. Sin embargo, la desconfianza ciudadana aparece como otro obstáculo igual de grave e impide que Gobierno y Pueblo avancen juntos en la solución.

Tras años de opacidad y corrupción, la gente sospecha de todo gobierno, incluso del que intenta hacer las cosas bien, como hoy sucede. Muchos ciudadanos se resisten a pagar, convencidos de que sus impuestos terminarán en manos equivocadas o que no verán reflejado su dinero en mejoras reales. Esa resistencia social, comprensible pero perjudicial, agrava aún más la falta de recursos para atender las necesidades básicas. En otras palabras, el abandono de ayer alimenta la desconfianza de hoy, y esa desconfianza bloquea la posibilidad de construir el mañana.

Hoy hay evidencia de los esfuerzos que el gobierno actual está haciendo en materia de agua potable, drenaje, bacheo y servicios públicos, lo vemos a diario. Sin embargo, ante la dimensión del rezago el avance es lento, sostenido apenas por los pocos ciudadanos que, sin renunciar a su derecho de exigir, siguen pagando con responsabilidad sus impuestos y recibos. Si al menos un 80 por ciento de la población cobrara conciencia de la realidad histórica que nos llevó a estas deplorables condiciones y respondiera con el cumplimiento puntual de sus obligaciones, otro gallo les cantara a los municipios. La recuperación sería más rápida y visible, y la queja dejaría de ser un eco permanente para convertirse en fuerza de cambio real.

Pero la gente no quiere saber quién tuvo la culpa. No le interesa el diagnóstico ni la fecha de construcción de la tubería. Lo que el ciudadano exige es agua saliendo del grifo, basura recolectada a tiempo y calles transitables. Quiere soluciones inmediatas, y eso pone a los gobiernos en la cuerda floja, son juzgados por problemas que heredaron, pero de los cuales hoy cargan toda la responsabilidad.

El deterioro de los servicios públicos no solo se traduce en molestias diarias; también debilita el tejido social y la confianza en las instituciones. Cuando el drenaje se desborda frente a una escuela o el camión recolector no pasa en una semana, el vecino no piensa en el rezago de décadas, sino en el rostro actual del gobierno. Así, el enojo cotidiano se convierte en desilusión política, y la democracia local se erosiona gota a gota, como una fuga que nadie repara.

Por ello es necesario romper ese ciclo. Las soluciones a problemas de décadas no caben en un solo trienio ni en un presupuesto municipal aislado. Hace falta una visión de largo alcance, una política de Estado —no de partido— que priorice lo esencial, agua, drenaje, alumbrado y pavimentación. Los servicios básicos no deberían depender de la buena suerte de tener un alcalde con iniciativa, sino de un sistema sólido de planeación intergubernamental.

Al final, ningún gobierno podrá sacar adelante un municipio si la ciudadanía sigue esperando que todo lo resuelvan otros.

Los servicios colapsaron por la corrupción, sí, pero también por la indiferencia con que la sociedad permitió que el abandono se institucionalizara y se viera de manera normal. Hoy no basta con reclamar; hay que participar, exigir conscientes de la realidad histórica que nos llevó a esta grave situación -pero a la vez- cumplir con responsabilidad con las obligaciones ciudadanas.

Porque no hay drenaje que aguante la desconfianza ni ciudad que avance con los brazos cruzados. La recuperación empieza cuando la gente entiende que cada impuesto pagado con conciencia, cada recibo liquidado a tiempo y cada acto de exigencia ciudadana es una pieza del rescate colectivo.
Solo con ciudadanos despiertos, informados y participativos, los años olvidados dejarán de repetirse.